Afirmaron que la inseguridad está desbordada en Colombia y la ciudadanía exige acciones contundentes.
▪︎ Hicieron un urgente llamado al gobierno nacional para que convoque a las personeras y personeros del país a diálogos regionales vinculantes.
▪︎ “Es esencial escuchar a las personerías de Colombia en los 48 diálogos regionales vinculantes convocados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón y Presidente de Persocapitales.
▪︎ “Teniendo en cuenta nuestro rol natural de defensores de derechos humanos y el conocimiento de fondo a las problemáticas cotidianas especialmente con poblaciones vulnerables gracias a nuestra presencia en los 1103 territorios de Colombia”, afirmó Daniel Arenas Gamboa.
“El Putumayo la situación de orden público es preocupante. La mitad de la población que habita Mocoa es víctima del conflicto, armado es decir 29 mil personas integran 5 asentamientos en planes de reubicación, que lo único que necesitan es apoyo e inversión por parte de estado colombiano”, solicitó Óscar Arturo Hernández Ordóñez.
Una preocupante radiografía de alteraciones en el orden público en los territorios denunció hoy la Asociación de Personerías de Colombia, PERSOCAPITALES y la Federación Nacional de Personerías, FENALPER, que reúne a las personeras y personeros de toda la nación.
Afirmaron que la inseguridad está desbordada en Colombia y la ciudadanía exige acciones contundentes contra los atracos, los homicidios, los asesinatos de líderes por esto, hicieron un urgente llamado al gobierno nacional para que convoque a las personeras y personeros del país a diálogos regionales vinculantes.
El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón anunció que los jefes del Ministerio Público “estamos hoy unidos en un contexto de país muy importante, por una parte, tenemos las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en todo el territorio nacional, hemos escuchado distintas preocupaciones frente a temas penitenciarios, seguridad ciudadana, en general graves violaciones a nivel territorial”.
Es así como, solicitó al gobierno nacional que en el marco de los diálogos regionales, se garantice la participación de PERSOCAPITALES y FENALPER, generando “un escenario de escucha, porque las personerías distritales y municipales, son el primer respondiente en los distintos territorios, conocemos de primera mano, tanto técnica como contextualmente las circunstancias que se presentan, por eso es esencial escuchar a las Personerías en estos diálogos y de esta forma participar en una paz total”.
El presidente de PERSOCAPITALES se solidarizó con sus homólogos en las regiones quienes viven la tensa situación en sus territorios y recogen la zozobra de las comunidades.
En Ibagué, Tolima.
En los últimos meses, los índices de seguridad en Ibagué no son positivos. Las cifras dan cuenta de hurtos a celulares en los diferentes barrios de la ciudad o el servicio de transporte público, múltiples fleteos cometidos en las vías de la capital del Tolima, y el presunto secuestro de una familia, cuando intentaba hurtar el vehículo de alta gama de su propiedad.
“No obstante, pese haberse disminuido en un 8% los hurtos en nuestra ciudad, con relación a las estadísticas generadas para el año 2021, la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad tiene un notable incremento. Los ibaguereños se muestran preocupados por la situación y requieren acciones urgentes contra la delincuencia”, reveló Francy Johanna Ardila Salazar, Personera de Ibagué.
En Cúcuta, Norte de Santander.
“La ciudad de Cúcuta no la está pasando nada bien en ningún aspecto social, el índice delincuencial ha venido en aumento teniendo como antecedente los coletazos de delincuencia organizada en la zona del Catatumbo y en las zonas de frontera donde actualmente delinquen bandas internacionales como el tren de Aragua”, denunció Karol Yessid Blanco Monroy, personero de Cúcuta.
Agregó que las estaciones de policía en la Capital de Norte de Santander se encuentran abarrotadas de detenidos y que se destinan 50 policías para su custodia lo que, para su concepto, disminuye la capacidad de pie de fuerza que podría estar en las calles para consolidar una vigilancia policial adecuada para los ciudadanos.
“Las estaciones de policía que se han convertido en fortines propiamente de violaciones de derechos humanos que afectan directamente a toda la comunidad, en especial al ciudadano de a pie ya que se están destinando un promedio de 50 unidades policiales que le hacen falta a los denominados cuadrantes para poder adelantar una vigilancia policial adecuada en las calles de la ciudad”, enfatizó.
En Quibdó, Chocó.
Domingo Ramos Palacios, Personero de Quibdó dijo que ha evidenciado que los problemas de seguridad que más aquejan a su ciudad son las confrontaciones entre las diferentes bandas criminales especialmente las AGC y “Los mexicanos” por disputas de territorios.
“También tenemos una gran preocupación por las extorsiones a los comerciantes y el hurto de motos”, afirmó Ramos Palacios.
En Barranquilla, Atlántico.
El alza sostenida por varios años del número delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, hurtos en la ciudad de Barranquilla tienen en un permanente estado de zozobra e intranquilidad a la ciudadanía.
“Esta situación de inseguridad causada principalmente por bandas criminales de alcance nacional, que se han enquistado en nuestro territorio, solo puede ser contrarrestada mediante una revalidación de la estrategia actual, y con la unión de capacidades del Gobierno Nacional y local, que finalmente permitan emprender un accionar coordinado y eficiente que restablezca el orden”, precisó Miguel Ángel Alzate, personero de barranquilla.
En Medellín, Antioquia.
En ciudades como Medellín donde convergen desplazamiento forzado intraurbano, presencia de bandas criminales con sus distintos fenómenos crimínales sugerimos se implemente una agenda de diálogo donde haya participación de todos los actores sociales e instituciones, donde la Personería haga la secretaría técnica a partir de la cual se exploren acciones de reconciliación y paz territorial.
“Sugerimos al gobierno nacional que, en el propósito de la paz total, en los diálogos regionales vinculantes se incluyan los personeros como funcionarios que conocen las dinámicas del territorio y por ser actores claves en la defensa de los DD.HH.”, reiteró William Yefer Vivas Lloreda.
En Pereira, Risaralda.
En Pereira, “la seguridad ciudadana como derecho humano, es vulnerado con la práctica de delitos que conllevan a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes asociadas presuntamente a grupos al margen de la ley, que se encuentran vinculados al microtráfico”, denunció la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas.
Por esto, pidió al gobierno nacional que explique cómo va a trabajar en su Plan Nacional de Desarrollo “para que el interés superior que rige para nuestros niños, niñas y adolescentes no sea vulnerado y en el mismo sentido, se pueda aportar en la paz y tranquilidad ciudadana”.
En Leticia, Amazonas.
En Leticia la personería monitorea la problemática de seguridad que es el reflejo de lo que sucede a nivel nacional en situaciones como el microtráfico, el narcotráfico y la minería ilegal, sin mencionar la corrupción político-administrativa que tiene a la región sumida en la pobreza y abandono estatal, según afirma el personero Rafael Moreno Godoy.
“Hace 15 días fue asesinado un líder social y defensor de derechos humanos y es preocupante lo que sucede con los líderes sociales en Colombia. Aunque lo más complejo por esta frontera es que delinquen bandas criminales transnacionales del Brasil, aliadas con las colombianas como los “comandos de la frontera”, reductos de las FARC”, reveló.
En Tunja, Boyacá.
Tunja siempre se ha caracterizado por su seguridad y tranquilidad, pero en el último año la percepción de inseguridad y los graves hechos que nunca se habían presentado, tienen en alerta a las autoridades y en vilo a la comunidad como denuncia Nelson Andrés Villabona, personero de Tunja.
“En Tunja se han presentado situaciones tales como algunos atracos a establecimientos públicos y a transporte público, y hace unos meses se presentó un tiroteo en la plaza de mercado, lo cual nos tiene altamente preocupados. Por esto consideramos que es indispensable una escucha activa sobre lo que sucede en la capital de Boyacá durante los diálogos regionales vinculantes”, propuso Villabona.
En Cartagena, Bolívar.
Para la personería distrital de Cartagena, en distintos sectores de la ciudad, hay una gran falta de atención en diversos grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad.
“Estas personas pertenecientes a estas comunidades son presa fácil de la delincuencia organizada”, denunció Carmen de Caro Mesa, personera de Cartagena.
“Es imperante que la administración distrital propenda por cumplir los más mínimos fines del estado, para dar más opciones de vida y trabajo a los jóvenes en los barrios. Los programas y dependencias con rubros asignados para esta población deben ejecutarse y ofrecer alternativas para que no incurran en el mercado de la violencia”, dijo.
En Mocoa, Putumayo.
Desde la Personería Municipal de Mocoa, como garantes de los derechos fundamentales, también expresaron su preocupación por el incremento de situaciones de riesgo en los territorios.
Por este motivo, dijo que los personeros y personeras quieren seguir siendo parte de la solución.
“Nos unimos al gobierno nacional en su esfuerzo de apostarle a la paz, a la inversión en salud, educación, servicios públicos domiciliarios, es la única forma de conseguir un estado más justo, más equitativo”, agregó.
En Riohacha, Guajira.
Unos de los problemas más complejos de seguridad que aqueja Riohacha es el fleteó en las zonas bancarias.
“Un problema que hemos expuesto ante la secretaría de gobierno y convivencia ciudadana para que se tomen las medidas y brindarle seguridad a la ciudadanía”, Yeison Deluque Guerra, personero de Riohacha.
Expresó además su preocupación sobre la temporada de fin de año y la necesidad de que la gente se sienta segura en las fiestas decembrinas.
En Valledupar, Cesar.
Para el Personero de Valledupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla el principal problema de inseguridad es el hurto porque, alertó, desde hace un mes se ha incrementado y existe mucho temor en la comunidad dado que muchas personas han presenciado cómo por un robo, hay víctimas fatales.
“De acuerdo con los índices de criminalidad que reporta la Fiscalía y los datos que tenemos, esto ocurre en los diferentes barrios donde delincuentes con moto y armas de fuego o traumáticas intimidan a la población y tienen acorraladas a varias comunidades”, precisó.
“En nuestro municipio hace falta una cultura de la denuncia y no hay un oportuno suministro de información por parte de la comunidad víctima de este flagelo.
Esto sumado a que en la judicialización los delincuentes son dejados en libertad pues excepcionalmente se impone la medida intramural en este tipo de delitos, hace que la zozobra exista entre la población”, explicó.
Agregó que otro factor son las invasiones que se están presentando en lotes y en predios privados y fincas, lo cual tiene a la población con mucha preocupación ya que el abigeato al ganado y de especies menores también se incrementó en un porcentaje muy alto en estos días “por lo que como ministerio publico colocamos en alerta a todas las autoridades a buscar alternativas para frenar esta ola de delitos que tiene a estas comunidades muy preocupadas y aterrorizadas”.
En Cali, Valle del Cauca.
La Personería Distrital de Santiago de Cali ve con preocupación el creciente número de homicidios que se han presentado en la ciudad, según cifras del Comité Interinstitucional de Muertes Violentas, hasta el 20 de agosto del 2022, se han registrado 613 homicidios.
“Frente a lo cual se hace necesario que se fortalezca la política de seguridad ciudadana, se realicen acciones de prevención del delito y el respeto por el derecho a la vida”, afirmó Harold Andrés Cortés Laverde, personero de Cali.
Añadió que es importante resaltar que las dinámicas de violencia que se dan en la ciudad obedecen a problemáticas estructurales como el narcotráfico, el conflicto armado, las brechas frente al goce efectivo de derechos humanos, la delincuencia común, entre otras, que requieren una respuesta institucional integral e inmediata.
“Por lo tanto desde la personería, exhortamos al gobierno distrital, departamental y nacional, para que se implementen acciones en conjunto que generen un impacto real en los territorios”, puntualizó.
En Bucaramanga, Santander.
Finalmente, para el Personero de Bucaramanga, el incremento del tráfico de estupefacientes, el microtráfico, así como el reacomodamiento de las bandas criminales, son las causas de múltiples delitos por la búsqueda y disputa del control territorial.
“Bucaramanga es ciudad libre de cultivos ilícitos pero receptora de zonas productoras de departamentos circunvecinos. Faltan campañas en ejercicio de cultura y convivencia ciudadana que prevengan riñas especialmente en zonas de alta aglomeración”, explicó Daniel Arenas Gamboa.
El aumento de población migrante que se establece en Bucaramanga como ciudad destino que ha generado presencia de mendicidad infantil, abusos sexuales, explotación laboral, entre otros aspectos. Por esto, insistió en tener políticas públicas de atención integral.
Agregó además que existe una capacidad reducida de la Policía Nacional que no cumple con la recomendación de la ONU de 300 uniformados por cada 100.000 habitantes, sumado a los efectivos que deben disponer para la custodia de las estaciones de policía en los centros de retención transitoria, así como el hacinamiento carcelario del más del 1000%.
“De esta forma, quiero enviar un mensaje de urgencia al gobierno nacional para que las personerías municipales y distritales del país coadyuven en el ejercicio de la política en materia de seguridad ciudadana y convivencia, fortaleciendo los territorios para la construcción de la paz total, la transformación social y la democracia teniendo en cuenta nuestro rol natural de defensores de derechos humanos y el conocimiento de fondo a las problemáticas cotidianas especialmente con poblaciones vulnerables gracias a nuestra presencia en los 1103 territorios de Colombia”, concluyó Arenas Gamboa.
Por Patricia Alfonso
