Por: Ricardo Sánchez.
Mientras la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia celebra ante la opinión pública
reducciones porcentuales en algunos delitos de alto impacto como una victoria contra el crimen organizado, la verdad es otra. Al revisar los indicadores con mayor detalle, nos encontramos con que en 2022 aumentaron siete de dieciseis. Delitos sexuales (21,7%), homicidios en atraco (19,6%), hurto a personas (16,1%), hurto a celulares (8,7%), lesiones en atraco (28,8%), lesiones personales (2,1%), violencia intrafamiliar (24,4%).
Sumado a estas cifras, que se basan únicamente en las denuncias que recibe la Policía Nacional, lo que
vemos a diario en redes sociales o en las calles dista bastante de estas estadísticas. Es posible que haya un subregistro, ya que según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá reporta que solo el 49% de las víctimas de un delito denuncian.
En este contexto, los organismos de control han venido reportando que la seguridad en Bogotá necesita
atención urgente. Por su parte, la Contraloría Distrital ha denunciado que 719 cámaras del sistema de
videovigilancia se encuentran fuera de servicio por falta de servicios de energía (por robo del cableado o
problemas con el punto de Enel-Codensa), y por traslados solicitados por el IDU (por obras), vandalismo
(daños que son reportados a la aseguradora), y/o novedades con el mantenimiento correctivo (fallas en
equipos).
La Personería Distrital también ha manifestado que el C4 tiene problemas para vincular las cámaras de los
buses de Transmilenio con el sistema de videovigilancia de la ciudad porque hay problemas técnicos de
compatibilidad con el software y que que el usuario web (NVR) que le permite al C4 acceder a la imagen de las cámaras continúa en prueba piloto de conexión. Estos inconvenientes han derivado en que la entidad sugiera que se fortalezcan los tiempos de reacción mediante un trabajo interinstitucional que amplíe las capacidades de respuesta e intervención para la reducción de los índices de criminalidad que se presentan actualmente en la Capital de la República.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo a través de las Alertas Tempranas 010 del 31 de mayo de 2021 y 005 del 24 de febrero de 2022 le ha reiterado a la Adminsitración que en la ciudad hay una guerra por el control de mercados ilegales, cómo los “Gota a Gota”, narcotráfico y microtráfico. Esta disputa se da entre disidencias de las FARC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia , entre otras.
Ante esta situación reitero mi propuesta de abordar la seguridad cómo un Ecosistema, que tenga en su núcleo la interacción entre actores para obtener información que le permita a las autoridades formular un plan de actuaciones e intervenciones que reduzcan la inseguridad.
Estas intervenciones tendrán tres ejes y estarán fundamentadas en la focalización en puntos calientes en los que opere el crimen. La primera, será una intervención híbrida de policía y ejército con patrullajes constantes en zonas inseguras. La segunda, será en lo social, porque la seguridad mejora cuando se incrementa la oferta institucional en temas como el empleo, educación, etc. La tercera, es en donde más tiene fallas la administración y es que se deben hacer intervenciones con la creación de instrumentos que tengan la inteligencia artificial como aliada, por ejemplo, encontrar patrones con el material de las cámaras, realizar mapas de calor, etc.
Las cifras, lo que se ve en las calles y lo que demuestran los organismos de control nos dejan claro que la
seguridad no va por buen camino. Espero que la alcaldesa y el Secretario de Seguridad tengan sensatez y
escuchen a quienes como yo llevamos años denunciando que se requieren acciones inmediatas, focalizadas y efectivas.
LUCIA BASTIDAS UBATE
Concejal de Bogotá
