Por Ricardo Sánchez
El concejal de Bogotá, Diego Cancino celebró la decisión de la Corte Constitucional de admitir para estudio la demanda que interpuso en contra de los traslados por protección por considerar que es una medida usada de manera discrecional por parte de la policía y que en numerosas ocasiones se presta para violar los derechos humanos de la ciudadanía, convirtiéndose en realidad en detenciones arbitrarias.
“Con una decisión unánime, la Corte Constitucional admitió estudiar la eliminación de garantías de derechos humanos consagrados en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en decisión notificada el 31 de agosto, admitió un cargo. De las siete demandas radicadas contra el traslado por protección, esta es la primera que inicia su trámite”, señaló el concejal.
Según Cancino: “a través de la figura del traslado por protección la Policía Nacional puede privar de la libertad a una persona hasta por 12 horas para proteger su vida o integridad o la de terceros. Sin embargo y a pesar del aparente carácter protector de la medida, defensores de derechos humanos y diversas autoridades, como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han constatado que su aplicación deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos”
La demanda fue interpuesta el pasado 28 de abril al conmemorarse un año del estallido social por considerar que no existen parámetros de seguimiento y cifras oficiales sobre el uso de la medida que es usada por la policía de manera generalizada, arbitraria y abusiva para violentar la libertad personal, restringir la protesta social y violar derechos humanos.
Se estima que entre marzo y mayo de 2020 –es decir, durante la vigencia del confinamiento obligatorio por el COVID-19– la Policía Metropolitana de Bogotá realizó 7.708 traslados por protección. Cifras de la Policía Nacional indican que, entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021, el primer mes del estallido social, se realizaron 4.846 traslados por protección en todo el país; 268 de ellos fueron realizados en Bogotá.
“Esta es una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la violencia policial y las medidas legislativas que facultan a la Policía Nacional para limitar derechos fundamentales”, puntualizó Cancino.
